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Sunday, September 25, 2016

AYOTZINAPA: RETRATO DE UN CRIMEN

Ayotzinapa: retrato de un crimen

La desaparición de los 43 estudiantes normalistas desnudó por completo al Estado mexicano, no solo por el manto de impunidad en que ha caído este caso, sino por su condición de rehén de los grupos criminales vinculados al negocio del narcotráfico. 

El 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la localidad de Iguala, estado Guerrero (al sur de México) fueron atacados por policías de esa localidad y hombres enmascarados, dejando saldo de seis jóvenes muertos y 43 desaparecidos.  

A 2 años de uno de los casos más polémicos de la historia de México, Tomas Zerón,  el máximo responsable de la Fiscalía Federal de México (PGR), ente que lleva a cabo la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es acusado por la institución de cometer irregularidades en el levantamiento de las evidencias donde se halló el único cuerpo de uno de los normalistas desaparecidos.
De acuerdo con las primeras experticias los normalistas, como cada año, se preparaban junto a otros estudiantes para la marcha del 2 de octubre, en conmemoración de la masacre de Tlatelolco de 1968.
El día de la agresión, estos regresaban de una manifestación estudiantil que terminó en un enfrentamiento con varios cuerpos de seguridad, en protesta contra la discriminación que sufren en el reparto de plazas en favor de escuelas urbanas por parte del Gobierno local.
Pero faltaban 43...
El alcalde de Iguala,  José Luis Abarca, aseguró que no se enteró de los enfrentamientos debido a que se encontraba en una fiesta. También dijo desconocer el paradero de los normalistas.
A pocos días del hecho de violencia, Abarca solicitó una licencia de 30 días bajo el argumento de permitir el avance de las investigaciones; fue expulsado del Partido de la Revolución Democrática (PRD); cerró su cuenta en la red social Facebook y emprendió con rumbo desconocido para las autoridades.
El cártel de los Beltrán Leyva es una organización delictiva que opera en Sinaloa, al noroeste de Ciudad de México. Sus líderes son los hermanos Marcos Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos Beltrán Leyva, quienes estaban a cargo de dos grupos de asesinos conocidos como "Los Pelones", en Guerrero, y "Los Güeros", en Sonora.
El procurador de Justicia Estatal, Iñaki Blanco, afirmó en su momento que la Policía Municipal de Iguala actuó en junto a la delincuencia organizada para realizar los ataques y acusó al cartel Guerreros Unidos de las desapariciones.
La agresión contra los normalistas de Ayotzinapa fue repudiada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar el hecho como uno de los “más terribles de los tiempos recientes”. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió al gobierno de México que tomara medidas de protección en favor de los desaparecidos.
Mientras tanto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, prometió "justicia” y calificó de "indignantes, dolorosos e inaceptables" los sucesos en Ayotzinapa e instruyó al gabinete de seguridad a esclarecer lo ocurrido, encontrar a los responsables y “aplicar la ley”.
A finales de octubre de 2014, la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) acusó al alcalde de Iguala de ordenar la agresión contra los estudiantes, para impedir que los jóvenes irrumpieran en un acto de su esposa. Ambos fueron arrestados en noviembre de ese año y trasladados a una cárcel de máxima seguridad.
Además, fueron localizadas  al menos nueve fosas comunes en un paraje de esa ciudad. En ellas se encontraron 28 cuerpos, restos escolares revueltos con tierra, zapatos, mochilas y lapiceros. Sin embargo, no correspondían a los normalistas de acuerdo a las experticias. 
Omar García, sobreviviente del ataque a los normalistas, denunció en una entrevista exclusiva para teleSUR que los estudiantes de las escuelas normales son víctimas del acoso del Gobierno debido a que se resisten a la privatización de la educación.
Por otra parte, el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, fue cuestionado por su actuación en el caso y muchas voces, incluidos los familiares de los desaparecidos, pidieron su renuncia mediante protestas.
Aguirre, quien dijo que solo renunciaría a su cargo si la mayoría de los habitantes de Guerrero lo pide en una consulta popular, pidió licencia en octubre de 2014 tras las fuertes críticas en su contra. Al final,  renunció a su cargo y del PRD.

Hallazgo de normalista
El 7 de noviembre de 2015, el entonces procurador general mexicano, Jesús Murillo Karam, anunció que un grupo de nuevos detenidos confesó haber matado a más de 40 personas, que supuestamente serían los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala.
Un mes después, el equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que entre los restos humanos encontrados en una fosa común en Iguala, y que les fueron entregados para analizar, se encontraron los de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos.
Padres de Normalistas
Con abogados defensores de los DD.HH., los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa acudieron a inicios de febrero de 2015 ante Naciones Unidas para exigir que el caso no sea cerrado, como pretendió el Gobierno de Peña Nieto. 
En Ginebra, Suiza, participaron en la sesión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, donde entregaron un documento con nueve puntos a presentar, entre los que destacan:
“Vamos a pedir que se nos escuche, que se haga justicia, porque yo quiero que me entreguen a mi hijo vivo”, comentó Bernabé Abraján, padre de uno de los desaparecidos.

.- “La desaparición de 43 jóvenes estudiantes significa una profunda herida para la sociedad mexicana, que anuncia peores atrocidades si es que no se logra construir como un verdadero punto de inflexión respecto de la indiferencia gubernamental y social ante las desapariciones forzadas”.
- “Pese a que desde la noche del 26 de septiembre había indicios sobre la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes, las investigaciones iniciales no fueron por la desaparición sino por los homicidios; de hecho, ante la ausencia de una investigación oficiosa por las desapariciones, los familiares tuvieron que presentar las denuncias para que se abrieran los expedientes respectivos”
En marzo, el expresidente mexicano, Vicente Fox, pidió a los padres de los 43 normalistas “aceptar la realidad” ya que “no pueden vivir eternamente con ese problema”. 
Versión oficial y nuevas informaciones
El juez mexicano, Ulises Bernabé García, desmintió en junio la versión presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), donde aseguran que en la noche del crimen, él recibió a los normalistas de Ayotzinapa en la base de la Policía Municipal de Iguala antes de que fueran entregados al cártel Guerreros Unidos.
El juez sostuvo que los estudiantes jamás fueron llevados a esa base y que tampoco llegaron policías municipales.
Documentos obtenidos con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, aseguraron que la noche del 26 de septiembre de 2014, el 27.º Batallón de Infantería y la Policía Federal de Guerrero estaban operando en las calles de Iguala.
A 11 meses de la desaparición de los normalistas, la PGR informó que ocho personas resultaron detenidas por estar implicadas en la desaparición de los 43 estudiantes.
“Soy consciente de que estos hechos han lastimado a la sociedad. Por ello, me he reunido con los familiares, y he abierto las puertas de la institución, para que puedan conocer en todo momento el curso de la investigación”, manifestó la procuradora Arely Gómez González.
A pesar de esto,  los padres de los normalistas presentaron un contrainforme en el que rechazaron la gestión del presidente Peña Nieto, quien presentó días antes su balance anual ante el Congreso, y además exigieron la aparición con vida de sus hijos.

La supuesta incineración de cuerpos, los motivos del crimen y la responsabilidad de los policías militares y federales en el caso Ayotzinapa está en tela de juicio, tras nuevas investigaciones reveladas en un  informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelado a principios de septiembre.
Las nuevas pruebas recogidas por el GIEI demuestran que agentes de inteligencia del Ejército hicieron seguimiento a todos los pasos de los estudiantes, y que antes de su desaparición fueron detenidos por policías municipales.
"El nivel de intervención de diferentes policías y escenarios (...) da cuenta de la coordinación y mando existente para llevar a cabo dicha acción. La necesidad operativa de coordinación entre fuerzas de dos cuerpos policiales municipales diferentes (...) que intervinieron esa noche señalan la necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes", señala el informe reciente.
¿Estado represivo?
A pesar de haber declarado en reiteradas oportunidades que su Gobierno está haciendo frente a las desapariciones, durante la administración de Enrique Peña Nieto se ha criminalizado las protestas en demanda de justicia y cambios sociales.
Su gestión tiene un récord de violencia en el país. Ni siquiera la “guerra contra el narcotráfico” y el crimen organizado en el mandato de  Felipe Calderón tuvo una cuota de atrocidades similar. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), durante los primeros 22 meses del sexenio de Peña Nieto desaparecieron o se extraviaron 9 mil 384 personas, lo que equivale a 40 por ciento, de los 23 mil 272 casos de desaparición oficialmente registrados entre enero de 2007 y octubre de 2014.

El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha servido para mostrar la relación entre las fuerzas de seguridad y los grupos criminales en México, la debilidad en la política de seguridad de un Estado que estaría encubriendo las desapariciones y crímenes de lesa humanidad.
Se puede mencionar como ejemplo la  Masacre de Tlataya, en la que unas 22 personas fueron ejecutadas por efectivos del Ejército mexicano el 30 de junio de 2014 .

El 6 de enero de 2015, 19 personas fueron asesinadas en el municipio de Apatzingán, Michoacán, a manos de policías federales; quienes también el 22 de mayo de 2015 irrumpieron en un rancho ubicado en el municipio de Tanhuato, Michoacán, tras detectar supuesta actividad delictiva con presencia del cártel “Jalisco Nueva Generación”.
En circunstancias no del todo claras, el operativo dejó como saldo 42 presuntos delincuentes muertos y un policía federal abatido.
Otro hecho de violencia que conmocionó a México fue el asesinato del fotoreportero Rubén Espinosa, quien había denunciado al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de haber convertido a esa ciudad en un "camposanto", luego de que en este 2015 fueran asesinados 12 periodistas y desaparecido otros tres reporteros.
El Dato: Unos 88 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 en México, uno de los lugares más peligrosos para el ejercicio del periodismo en el mundo.

Acción Global por Ayotzinapa
La primera jornada de Acción Global por Ayotzinapa se hizo el 8 de octubre de 2014, bajo el lema “¡Ya no podemos permitir ni un muerto más”!
Desde ese entonces, el mundo ha reclamado la aparición con vida de los estudiantes normalistas y que se enjuicien a los responsables.

En Estados Unidos, Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela, España, Suecia Reino Unido y en muchos otros países, cientos de miles de personas se han sumado al reclamo de los familiares de los desaparecidos, al tiempo que expresan su rechazo al presidente Peña Nieto y las autoridades mexicanas. 
Hasta el momento se han realizado más de una ventena de movilizaciones a escala internacional. En todas, el sentimiento es el mismo: que aparezcan con vida los normalistas.
Lo nuevo 
El 23 de septiembre, una semana después de la renuncia de Tomas Zerón, el máximo responsable de la Fiscalía Federal de México (PGR), ente que lleva acabo la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue acusado por la institución de cometer irregularidades en el levantamiento de las evidencias donde se halló el único cuerpo de uno de los normalistas desaparecidos.
El desencadenante del expediente fue un vídeo presentado por el grupo de expertos internacionales (GIEI) que durante año y medio estuvo trabajando de manera paralela sobre el terreno.
El material audiovisual muestra Zerónl junto con un grupo de peritos en un momento clave de las indagaciones: en las inmediaciones del basurero de Cocula, donde presuntamente fueron incinerados los estudiantes y se encontró al normalista Alexander Mora.
Otro dato que reveló la PGR es que los aparatos telefónicos de los jóvenes permanecieron activos durante semanas y hasta meses después de los hechos. 
Especialistas de la Fiscalía luego de analizar, procesar e interpretar establecieron que al menos uno de los policías municipales de la comunidad de Huitzuco se trasladó desde dicha localidad hasta el municipio de Iguala y lo hizo con un teléfono celular propiedad de uno de los estudiantes normalistas.
Dos años después de la desaparición de los 43 estudiantes, el Ministerio de Justicia mexicano identificó 40 lugares de búsqueda donde pudieron ser enterrados cuerpos en los municipios de Iguala y Cocula.
Nuevas tecnologías "esclarecer" el caso 
Las autoridades mexicanas utilizan la tecnología Lidar, desarrollada en Rusia y Alemania, para sobrevolar las comunidades que se sitúan alrededor del basurero de Cocula y donde presuntamente fueron quemados los cuerpos.
"Producto de las imágenes captadas hasta hoy se ha venido haciendo la interpretación de las mismas y tenemos ya una buena cantidad de lugares identificados como posibles de inhumación, y para esto sería muy importante seguir trabajando juntos con los familiares, con las víctimas directas, para establecer acuerdos que permitan ir a inspeccionar esos lugares", ha precisado el titular de la Oficina de Investigación del caso Iguala, Alfredo Higuera.
 "Como resultado de los trabajos, en una primera fase se habrían detectado por lo menos 40 lugares en Cocula, Iguala", precisó. 

 tomado de TELESUR

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